Actualizaciones CSP

TCCSP Resolución 202/2018. Reserva de contratos a favor de Centros Especiales de Trabajo (CET): iniciativa social vs iniciativa empresarial. No se aprecia la contravención del artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE en la transposición contenida en la DA 4 de la LCSP, que restringe la reserva del contrato a un tipo concreto de Centros Especiales de Trabajo (los de iniciativa social, con exclusión de los de iniciativa empresarial), sin que se produzca discriminación ni restricciones de la concurrencia. Descargar resumen download

OARC Euskadi 100/2018. Contratos reservados a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social: ampliación de dicha reserva a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial por aplicación directa del artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE. El artículo 20 de la Directiva 2014/24/UE no establece un mandato claro e incondicionado, se trata de una posibilidad de transposición que el estado miembro puede o no ejercer, de tal modo que la opción de no incorporar este contenido, que supone una excepción al principio general del libre acceso a la contratación de todos los operadores económicos capacitados con independencia de su forma o características legales u organizativas, es consecuencia del margen de discrecionalidad que goza el legislador a la hora de definir y concretar en el derecho interno, lo que se entenderá por “operadores económicos cuyo objetivo principal sea la integración social y profesional de personas discapacitadas o desfavorecidas”, por lo que dada la redacción de la disposición adicional cuarta de la LCSP no cabe hacer extensiva dicha reserva de contratos a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Empresarial por aplicación directa del 20 de la Directiva 2014/24/UE. Descargar resumen download

TACP Madrid 252/2018. Forma de valoración de las ofertas: incongruencia entre la descripción de la forma de valorar y la fórmula matemática descrita. Cuando existe incongruencia entre la descripción de la forma de valorar y la fórmula matemática descrita, hay que interpretar el pliego atendiendo al criterio de seleccionar la oferta más ventajosa. Así, si la aplicación de la descripción del criterio puntúa en mayor medida a la oferta más ventajosa y la aplicación de la formula matemática a la menos ventajosa, hay que interpretar el pliego aplicando la descripción y no la formula, al conseguirse con aquella el fin de seleccionar la oferta más ventajosa. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 15 de febrero de 2019

TARC Andalucía 279/2018. Cambio de criterio, garantía definitiva constituida mediante aval: eficacia desde su constitución vs eficacia desde su depósito. A la luz de lo dictaminado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y de la doctrina consolidada del TS, el criterio de este Tribunal ha de ser revisado en el sentido de que la garantía definitiva mediante aval queda constituida con el consentimiento o declaración de voluntad de la entidad financiera garante, formalizado con anterioridad al vencimiento del plazo establecido legalmente para ello. Es decir, el requisito se cumple con la acreditación de la existencia de la garantía, mientras que la falta de depósito debe considerarse un defecto formal subsanable, pues dicho depósito es un acto de constatación de una situación ya existente. Descargar resumen download

OARC Euskadi 94/2018. Sustitución de los medios ofertados después de la adjudicación: I. Modificación de los términos de la adjudicación antes de la formalización. El artículo 156.1 del TRLCSP señala que en ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación, que es el acto que culmina el procedimiento en el que se selecciona objetivamente la oferta del operador económico con la que el poder adjudicador desea vincularse y que contiene los términos bajo los que se desea la ejecución de la prestación. Por tanto, no es posible modificar los medios ofertados una vez adjudicado el contrato y antes de la formalización del mismo. II. Sustitución de medios vía modificación de contrato antes de la formalización. Tampoco es posible acudir a la vía de la modificación del contrato para dicha sustitución, pues para realizar dicha posible modificación el contrato tiene que estar en ejecución, para lo que es requisito indispensable su previa formalización. Descargar resumen download

TACP Madrid 244/2018. Oferta fuera de plazo en licitación electrónica: el licitador alega mal funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Para atender la demanda de un licitador que aduce mal funcionamiento de la Plataforma para justificar la no presentación en plazo de su oferta, debe demostrase que los problemas en la preparación de la oferta del licitador, que le impidieron presentarla en el plazo establecido, se debieron al mal funcionamiento de la Plataforma, o del Soporte Técnico, o a una información inexistente, o errónea, de la Guía de Servicios de licitación electrónica y no a fallos en la actuación del licitador en el proceso de preparación y presentación de la oferta. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 13 de febrero de 2019

OARC Euskadi 85/2018. Requisitos para la apreciación de un conflicto de intereses a la luz de la directiva 2014/24/UE: mera constatación vs infracción del principio de igualdad o transparencia. La mera constatación de un conflicto de intereses no obliga a excluir la oferta, sino que hay que probar que ha habido una infracción de un principio de la contratación como el principio de igualdad de trato o el de transparencia, o comprobar que se ha influido en la decisión controvertida. Ello significa que la situación de conflicto ha de ser real, no hipotética, y la medida que se adopte debe ser proporcionada. Por tanto, el poder adjudicador no tiene una obligación absoluta de excluir sistemáticamente a los licitadores en situación de conflicto de intereses, pero la exclusión de un licitador en situación de conflicto de intereses resulta indispensable cuando no se dispone de un remedio más adecuado para evitar cualquier vulneración de los principios de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia. Descargar resumen download

TACP Madrid 243/2018. Acreditación de la solvencia técnica: necesidad de examinar los certificados de ejecución junto al resto de documentación presentada para acreditar la solvencia técnica. Aunque los certificados de buena ejecución estén incompletos, al no detallar los suministros efectuados, cuando de la apreciación combinada de los distintos documentos aportados para acreditar la solvencia técnica permiten tener por cierto el volumen de negocio del suministro objeto del contrato y sus destinatarios, la totalidad de la documentación debe ser considerada a efectos de valorar la solvencia. La exclusión de la oferta atendiendo a la falta de concreción referida, cuando del resto de la documentación se deduce la información necesaria, constituye un excesivo formalismo, incompatible con los principios que deben regir la licitación pública, especialmente el de eficiencia. Descargar resumen download

TACP Madrid 265/2018. Acreditación de la solvencia técnica: certificados vs documentos probatorios. Aunque los pliegos exijan la presentación de certificados para demostrar la solvencia técnica de los licitadores, dado el principio antiformalista del procedimiento administrativo y la tendencia a la simplificación y economía procedimental de la contratación pública, la acepción certificado se puede interpretar en el sentido común del término, referido a un tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho, manifestado por una autoridad competente, aunque carezca de la denominación de certificado. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 11 de febrero de 2019

STJUE de fecha 25 de octubre de 2018. Asunto C-260/17. Concepto y definición del contrato de trabajo a efectos de la Directiva 2014/24: realización de prestaciones por una persona física, en favor de un empresario y bajo la dirección de este, durante un cierto tiempo. La celebración de contratos de trabajo permite a las autoridades públicas prestar servicios ellas mismas y, por consiguiente, queda excluida de las obligaciones relativas a la contratación pública previstas en la Directiva. El concepto de «contratos de trabajo», en el sentido del artículo 10, letra g), de la Directiva 2014/24, contempla todos los contratos en virtud de los cuales una autoridad pública contrata a personas físicas con el fin de prestar servicios ella misma y que dan lugar a una relación laboral por la que estas personas realizan, durante un cierto tiempo, en favor de dicha autoridad y bajo la dirección de esta, prestaciones a cambio de las cuales perciben una retribución. Descargar resumen download

OARC Euskadi 79/2018. Exigencia de detalle o justificación concreta de la oferta económica: obligación general vs exigencia derivada del pliego o del procedimiento contradictorio de una oferta anormal. La normativa contractual no exige que las proposiciones deban señalar expresa y desglosadamente la asunción de todos y cada uno de los costes derivados de las obligaciones contractuales, ni que se especifiquen los costes relacionados con obligaciones generales del contratista en cuanto empresario, ni los asociados a las hipotéticas vicisitudes que pudieran afectar al equilibrio económico del contrato y comprendidas dentro del riesgo y ventura asumido por el contratista. Por tanto, salvo que los pliegos exijan un detalle o justificación concreta de la oferta, o nos encontremos en el procedimiento contradictorio de justificación de una oferta anormal o desproporcionada, no existe obligación de detallar en la oferta el desglose del coste de la prestación. Descargar resumen download

TACP Madrid 229/2018. Comunicación de defectos subsanables en la oferta de un licitador: efectos de la falta de notificación vs efectos de la ausencia de publicación. La falta de notificación de los defectos subsanables de una oferta y su plazo para subsanar, en los términos del PCAP, produciría una indefensión derivada de la falta de conocimiento del licitador del requerimiento, generada por la conducta de la Administración contratante. La falta de publicación en el tablón puede ser una irregularidad no invalidante del procedimiento, en tanto en cuanto no afecta directamente a los derechos del licitador que pudieran justificar la nulidad del procedimiento, no apreciándose tampoco que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 8 de febrero de 2019

OARC Euskadi 77/2018. Exigencia y acreditación de habilitación empresarial: acreditación mediante la integración de medios externos. La habilitación empresarial es un requisito de aptitud distinto de la solvencia, siendo así, no es posible integrar un requisito de aptitud legal como la habilitación, porque tales requisitos son personalísimos, del mismo modo que no cabe la integración de, por ejemplo, la ausencia de prohibiciones de contratar. Descargar resumen download

TACP Madrid 224/2018. Entidad del sector público que no tiene la consideración de Administración Pública, ni de poder adjudicador: IFEMA, entidades que tienen por objeto desarrollar actividades dirigidas a la organización de ferias, exposiciones y otras iniciativas similares. IFEMA carece de ánimo de lucro, pero su gestión se basa en criterios de rendimiento, eficiencia y rentabilidad, y operan en un entorno competitivo, por lo que no son un organismo de Derecho Público en el sentido de las Directivas sobre contratación pública y están por tanto fuera del ámbito subjetivo de la LCSP, según lo regulado en su artículo 3. Así, sus actos relativos a la preparación y adjudicación de los contratos, no son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, siendo no obstante recurribles de acuerdo con lo previsto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Descargar resumen download

JCCA Madrid Informe 4/2018. Cumplimentación del requerimiento de documentación necesaria para efectuar la adjudicación: posibilidad de subsanación o ampliación de plazo. Se considera admisible y ajustada a derecho la solicitud de subsanación de la documentación presentada realizada por el órgano de contratación, si entre la documentación presentada se observasen defectos subsanables que se refieran a la acreditación del requisito de que se trate, pero no a su cumplimiento. Si el licitador que haya presentado la mejor oferta no presenta la documentación requerida en el plazo indicado en el citado artículo 150.2, se entenderá que ha retirado su oferta, pues ha incumplido lo dispuesto en dicho artículo y no ha mostrado voluntad de mantenerla. Descargar resumen download


Puedes acceder a las actualizaciones remitidas en newsletters de fechas anteriores en "Documentos CSP > Histórico de newsletter".