Actualizaciones CSP

STSJ Castilla la Mancha de fecha 5 de noviembre de 2018. Instrucción, Reglamento y acto administrativo: elementos diferenciadores. El Reglamento es fuente de derecho, innova el ordenamiento jurídico y no puede ser singularmente derogado. Por el contrario, la Instrucción carece de contenido normativo, cuyo fundamento radica en la facultad que se otorga a los órganos administrativos de dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes. El acto administrativo se diferencia del Reglamento en que éste es norma jurídica, y por ello susceptible de aplicación reiterada, mientras que aquél no lo es y sus efectos se producen sólo una vez, agotándose al ser aplicado. Los Reglamentos innovan el ordenamiento, mientras que los actos administrativos aplican el existente. Los reglamentos responden a las nociones de "generalidad" y "carácter abstracto", mientras que los actos administrativos responden a lo concreto y singular. El Reglamento es revocable, mediante su derogación, modificación o sustitución, mientras que al acto administrativo le afectan los límites de revocación que impone la Ley como garantía de los derechos subjetivos. Descargar resumen download

RTACRC 1023/2018. Procedimiento de licitación electrónico y régimen de subsanación: imposibilidad de subsanar una oferta presentada en papel. La regla general para la presentación de las ofertas es la utilización de medios electrónicos, que sólo cede ante los casos tasados previstos en la DA 15ª de dicho texto legal. En la Ley 9/2017 no se prevé un trámite para la subsanación de la documentación de las ofertas, sino tan sólo y en determinados supuestos específicos como la modificación en los pliegos o falta de respuesta a los requerimientos de información, una ampliación del plazo común a todos los licitadores. En definitiva, se establece una regulación completa de los trámites relacionados con la presentación de la documentación adecuada a la naturaleza concurrencial del procedimiento de contratación y de acuerdo con los principios mencionados de publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminación que lo inspiran, por lo que no puede entenderse que exista una laguna legal al respecto. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 17/2019. Procedimiento de contratación vinculado a las elecciones y procedimiento de emergencia: situación de grave peligro. De las tres opciones que habilita la Ley para el procedimiento de emergencia, las elecciones no encajan con el concepto de acontecimiento catastrófico ni con las necesidades de la defensa nacional. En cuanto a las situaciones que puedan producir grave peligro, ésta es una circunstancia más amplia en la concepción que nos ofrece el legislador y que se debe plasmar o concretar en situaciones que puedan generar un significativo peligro. Dentro de esta circunstancia sí se podría encuadrar genéricamente una posible coyuntura en la que, por la falta de terminación de los procedimientos de licitación iniciados, no fuese posible celebrar las elecciones generales, con los riesgos inherentes para el normal desenvolvimiento del proceso democrático y los riesgos de orden público que todo ello puede implicar. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 17 de abril de 2019

RTACRC 990/2018. Criterios de adjudicación en los contratos de servicios: prestaciones perfectamente definidas vs servicios en intensa mano de obra. El artículo 145.3.g) de la LCSP contiene una compleja estructura al establecer una regla general, una excepción y una contraexcepción. Así la regla general es que los contratos de servicios deberán tener varios criterios de adjudicación. Como excepción se permite que el precio sea el único criterio cuando las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase. Y finalmente se establece una contraexcepción enumerando una serie de contratos de servicios, entre ellos en los de servicios en intensa mano de obra, que en todo caso deberán tener más de un criterio de adjudicación. En tal sentido, los contratos de servicios enumerados en su párrafo segundo necesariamente deben tener más de un criterio de adjudicación, puesto que si extendiéramos a los contratos de servicios enumerados en el párrafo segundo del art. 145.3.g) LCSP la excepción establecida en su párrafo primero para todos los contratos de servicios, ningún sentido tendría la mención especial que a ciertos contratos de servicios se hace en su párrafo segundo. Descargar resumen download

TAC Galicia Resolución 67/2018. La reserva de contratos a favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción: posibilidad de reservar contratos sin existir el acuerdo previo sobre “mínimos”. La reserva de contratos se debe producir mediante acuerdo del órgano competente, fijándose los porcentajes mínimos de reserva del derecho para participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de ellos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción. El legislador se preocupa de que exista un mínimo, esto es, que haya licitaciones con esta reserva, por lo que hacerlas, aunque no haya el acuerdo de fijación de este mínimo, solo puede redundar cara al cumplimiento de esta disposición, no a su vulneración, sin perjuicio de lo conveniente que existan estos acuerdos, adaptados además a este nuevo marco normativo. Descargar resumen download

CJACM 479/2018. Resolución contractual: incautación automática de la garantía vs retención como medida cautelar conforme el artículo 56.1 de la LPAC (norma de aplicación TRLCSP) + Resolución contractual: normativa aplicable al procedimiento de resolución (aspecto procedimental) vs normativa aplicable al régimen jurídico sustantivo del contrato (efectos de la causa de resolución).

I. Resolución contractual: incautación automática de la garantía vs retención como medida cautelar conforme el artículo 56.1 de la LPAC (norma de aplicación TRLCSP). La obligación de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, entendida como consecuencia de la resolución contractual por incumplimiento culpable del contratista, requiere la incoación de un procedimiento contradictorio para la determinación de los daños y perjuicios, reteniéndose mientras tanto el importe de la garantía, como medida cautelar conforme el artículo 56.1 de la LPAC, lo cuál determina que si el importe de la fianza es superior al de los daños y perjuicios cuantificados, la incautación debe ser parcial, procediendo la devolución de la garantía en la suma restante. Descargar resumen download

II. Resolución contractual: normativa aplicable al procedimiento de resolución (aspecto procedimental) vs normativa aplicable al régimen jurídico sustantivo del contrato (efectos de la causa de resolución). La normativa aplicable al procedimiento es la vigente en el momento de su inicio (en este caso el 18 de mayo de 2018), lo que supone la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a su disposición final decimosexta. Cuestión distinta es la atinente a la garantía definitiva, entendida como efecto de la causa de resolución, que deberá regirse por la normativa vigente al incio de la contratación, según la disposición transitoria primera de la LCSP 9/2017. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 15 de abril de 2019

RTACRC 120/2019. Límites al objeto de los encargos que se pueden efectuar a TRAGSA derivados de su objeto social: imposibilidad de efectuar encomiendas para obras en zonas urbanas. El concreto caso de TRAGSA, que es un medio propio cuyo objeto social se ha recogido en una norma con rango legal, debiendo entenderse que, por voluntad expresa del legislador, el objeto social de TRAGSA se circunscribe a los sectores enumerados en los distintos apartados de la disposición adicional vigésima cuarta de la LCSP (relativos al ámbito rural, forestal y agrario), que no contiene referencia alguna a las obras de construcción o reforma de edificios en zonas urbanas. Descargar resumen download

TARC Andalucía 41/2019. Encargos a medios propios personificados: aplicación del art. 86 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público a los medios propios de las Comunidades Autónomas y justificación de la eficiencia de los recursos públicos al optar por un encargo a un medio propio. I. Partiendo del carácter básico de la disposición final cuarta, apartado 3 de la LCSP y, en consecuencia, de su aplicación a todos los poderes adjudicadores y a sus medios propios, el artículo 86 de la Ley 40/2015 ha de entenderse aplicable a los medios propios de las Comunidades Autónomas. II. La mayor eficiencia del encargo al medio propio frente a la contratación: momento para su justificación (creación del medio propio vs encargo singular). Sin perjuicio del deber de cumplir los requisitos del artículo 86 de la Ley 40/2015, a los efectos de poder declarar a una determinada entidad como medio propio respecto de determinados poderes adjudicadores, los concretos encargos han de partir de la justificación de que el recurso al encargo es más eficiente que la licitación del contrato, entendiéndose el término eficiente en sentido amplio, comprensivo tanto si concurren las circunstancias contempladas en la letra a) como si concurren las previstas en la la letra b) del apartado 2 del citado artículo 86. Descargar resumen download

Circular conjunta, de 22 de marzo de 2019, de la Abogacía General del Estado-dirección del servicio jurídico del estado y de la Intervención General de la Administración del Estado sobre criterios para el cálculo del cómputo del requisito de actividad exigido por la ley 9/2017, de 9 de noviembre, de contratos del sector público en aquellas entidades que sean consideradas medios propios. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 12 de abril de 2019

RTACRC 986/2018. Regla para determinar la aplicación del TRLCSP o la LCSP en caso de declaración de nulidad parcial de los pliegos y retroacción del procedimiento: Disposición transitoria 1ª Ley 9/2017. Cuando la resolución del Tribunal no determina la nulidad de la convocatoria del procedimiento de licitación, ni la nulidad total de los pliegos, sino la parcial del PPT y la retroacción del procedimiento, no se produce una alteración de la fecha de inicio del procedimiento a los efectos de la DT 1ª de la Ley 9/2017, que sigue siendo anterior a la entrada en vigor de la LCSP y por tanto, el procedimiento y el contrato siguen rigiéndose por el TRLCSP, salvo aquellos extremos en que es de aplicación directa la Directiva 2014/24/UE. Descargar resumen download

TACP Madrid 317/2018. Caducidad de una certificación de calidad tras el fin de plazo de presentación de ofertas: efectos de la superación de la auditoria preceptiva sin la emisión del documento que recoge el sello de dicha certificación. Cuando el propuesto como adjudicatario ha obrado con diligencia empresarial, toda vez que se somete a la auditoria preceptiva para la obtención del certificado de calidad ISO 9001 ante la caducidad del que poseía, con anterioridad al comienzo de la licitación y dos meses antes de la pérdida de validez del certificado vigente y ha aportado documentación acreditativa de haber superado dicha auditoria para la obtención del sello de calidad, efectuada en fecha anterior al inicio de esta licitación, se debe considerar suficiente para acreditar la tenencia de certificados de calidad en la gestión válidos y, como mínimo, se debe considerar como otra medida equivalente de garantía de calidad, pues la falta de expedición del documento que recoge el sello, no es más que la mera formalización documental de unos hechos y derechos ya alcanzados, por lo que debe entenderse que el licitador ha mantenido durante todo el proceso de licitación, y aún mantiene, la acreditación de calidad en la gestión requerida en los PCAP como solvencia técnica. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 91/2018. La preparación y adjudicación de actividades docentes desarrolladas por las entidades del sector público no Administraciones Públicas: no sujeción a la Ley 9/2017. Los contratos celebrados por las entidades del sector público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, cuando tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público no estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, referentes a la preparación y adjudicación de los contratos. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 10 de abril de 2019

RTACRC 981/2018. Motivación de la no división del contrato en lotes: finalidad y límites. La obligación de dividir en lotes el objeto del contrato tiene como finalidad específica promover la concurrencia, encontrándose especialmente justificada cuando se licitan grandes contratos. En caso de que se decida no dividir en lotes, deben indicarse las principales razones que expliquen la elección hecha por el poder adjudicador, siendo los motivos referidos en el artículo 99 de carácter enunciativo. La licitación de uno de los lotes de un contrato que inicialmente estaba dividido en tres, es una razón válida para sacar un único contrato sin una nueva división en lotes. Descargar resumen download

TACP Madrid 305/2018. Adjudicación de un contrato por un procedimiento no previsto en la LCSP, basado en razones de interés púbico y urgencia: nulidad de pleno derecho. Las fases y trámites de los distintos procedimientos de adjudicación contemplados en la LCSP son normas de derecho positivo de obligado cumplimiento, sin que razones de interés público o de urgencia permitan su inaplicación, más allá de los supuestos previstos en la propia Ley para la contratación de emergencia, con los límites y requisitos que en la misma se establecen. En consecuencia, procede la nulidad de pleno derecho en base a lo establecido en el artículo 39 de la LCSP, en relación con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que son nulos de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido. Descargar resumen download

JCCAMEH Recomendación de 10 de diciembre de 2018, en relación con las consecuencias de la alteración sobrevenida de las condiciones salariales de los trabajadores de una empresa contratista de servicios por causa del cambio en el convenio colectivo aplicable durante la ejecución del contrato público. El crecimiento del importe de los costes de mano de obra como consecuencia de un acontecimiento previsible como es la negociación colectiva, no puede calificarse en modo alguno como un riesgo imprevisible, que justifique la modificación posterior del contrato. Es esta una circunstancia que claramente puede anticiparse en el momento de celebrarse el contrato y que el contratista puede prever. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 8 de abril de 2019

RTACRC 972/2018. Los criterios de adjudicación y su necesaria relación directa con el objeto del contrato: el distintivo “Igualdad en la Empresa” y el Sello de Entidad adherida a la Estrategia de emprendimiento y empleo joven. El distintivo “Igualdad en la Empresa” (RED DIE) y el Sello de Entidad adherida a la Estrategia de emprendimiento y empleo joven se refieren a la empresa en su conjunto, pero carecen de relación directa con la prestación objeto del contrato, lo que impide que puedan ser empleados como criterios de adjudicación. Descargar resumen download

TACP Madrid 302/2018. Efectos de la celebración del acto de apertura de ofertas por la mesa de contratación en sesión no pública: vicio de nulidad de la adjudicación. La celebración de la sesión de las mesas de contratación para la apertura de los sobres que contienen las ofertas, sin tener el carácter de públicas, constituye una flagrante vulneración del ordenamiento jurídico, en concreto del principio de publicidad, lo que trae como consecuencia la declaración de nulidad del acuerdo de adjudicación y de todo el procedimiento de licitación. Descargar resumen download

DGT Consulta Vinculante V2759-18. Obligación de soportar las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido devengadas: plazo de un año (caducidad). El plazo para repercutir el IVA mediante la expedición de la oportuna factura es de un año contado desde la fecha de devengo del Impuesto correspondiente a la operación gravada. Este plazo de caducidad del derecho al traslado por parte del sujeto pasivo de la cuota tributaria al destinatario de la operación ha de interpretarse en el sentido de que, la pérdida del derecho a repercutir se refiere a aquellos casos en los que la ausencia de repercusión se produce sin causa que lo justifique. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 5 de abril de 2019

RTACRC 930/2018. Procedimiento para dejar sin efecto un primer acto de adjudicación, sobre la base de una nueva valoración de las proposiciones, y efectuar nueva adjudicación: rectificación de errores vs revisión de oficio (Ley 39/2015). No puede calificarse como de corrección de un error material o de hecho el dejar sin efecto un primer acto de adjudicación sobre la base de una nueva valoración de las proposiciones. Si el órgano de contratación entendía que existió un error en la valoración, la única vía era iniciar un procedimiento de revisión de oficio ajustándose a las previsiones de los arts. 41 LCSP y 106 de la Ley 39/2015, sin perjuicio de la posibilidad de, previa declaración de lesividad, interponer recurso contencioso administrativo por causa de anulabilidad del acuerdo (art. 107 de la Ley 39/2015). Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 40/2018. Gestión administrativa y presupuestaria de los contratos menores: aprobación previa del gasto vs ejecución de la prestación. En los contratos menores, el informe de necesidad del contrato, la aprobación del gasto o el informe sobre el artículo 118.3 LCSP, así como los trámites específicos del contrato menor de obras, no pueden ser posteriores a la ejecución de la prestación y unirse a la factura en el momento de su recepción por el centro gestor. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 75/2018. La suscripción a revistas, publicaciones o acceso a bases de datos especializada y la cuantía para efectuar la justificación del artículo 118: límites propios de los menores vs contratos SARA. En el caso de los contratos de la DA 9 de la LCSP, el umbral establecido para la utilización del procedimiento previsto para los contratos menores no es el previsto en el artículo 118.1 LCSP, sino el más elevado que es propio de los contratos SARA. Así, la cuantía de referencia a los efectos de efectuar la justificación exigida por el artículo 118.3 debe ser la propia de los contratos SARA, y no la que es propia de los contratos menores. Descargar resumen download


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