Actualizaciones CSP

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RTACRC 241/2019. Efecto de la incorporación de proposición económica dentro del sobre de juicios de valor: exclusión de la oferta vs exclusión solo cuando se comprometa la igualdad y objetividad del evaluador. Se verían comprometidas la imparcialidad y la objetividad en el proceso de adjudicación si el Órgano de contratación o la Mesa tuviesen un conocimiento anticipado de la proposición económica del licitador que, por constituir un criterio evaluable automáticamente y no dependiente de un juicio de valor, podría influir en la posterior valoración de los criterios no evaluables automáticamente en cifras o porcentajes o dependientes de un juicio de valor. La inclusión de algún elemento propio de los criterios susceptibles de evaluación objetiva, en la oferta técnica evaluable sobre criterios subjetivos, determinará la exclusión de la oferta en el caso de que sea de entidad suficiente como para comprometer la igualdad y objetividad del evaluador. Descargar resumen download

TARCCYL 83/2019. Tratamiento de una única oferta que incluye documentación del sobre C (valorables por cifras o porcentajes) dentro del sobre b (criterios valorables por juicio de valor): Admisión de la oferta al ser la única presentada. Siendo la oferta contaminada la única que ha concurrido al procedimiento, no tiene influencia en la adjudicación que incluya documentación del sobre C (valorables por cifras o porcentajes) dentro del sobre b (criterios valorables por juicio de valor), ya que el hecho de que la información sea incluida en el sobre que no le corresponde resulta irrelevante, al no poder influir dicha contaminación de sobres en la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmulas.Descargar resumen download

TARC Andalucía 156/2019. La notificación de la adjudicación cuando el acta de la sesión en la que se adjudicó el contrato está pendiente de aprobación + La motivación en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. I. El art. 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que el acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente, pero el hecho de que un acta en la que se recoge el acuerdo de adjudicación se encuentre pendiente de aprobación, en el momento de la notificación del acuerdo de adjudicación, no afecta a la eficacia del acto administrativo al ser una irregularidad no invalidante. II. La valoración de los criterios sujetos a juicio de valor basadas en frases genéricas e iguales para todas las ofertas que reciban una determinada puntuación, no aporta información concreta y específica sobre las razones que han determinado esa puntuación en cada una de aquéllas y por tanto dicha valoración adolece de falta de motivación, pues ello no permite distinguir las características de ofertas diferentes, ni conocer los motivos concretos que han llevado a esa puntuación para poder combatirlos y ejercer con garantías el derecho de defensa. Descargar resumen download

TACP Aragón 57/2019. Los plazos en las licitaciones declaradas urgentes y de regulación armonizada (SARA) y acceso a los pliegos: posibilidad de poner los pliegos a disposición de los licitadores por un periodo inferior a 15 días. Según el art. 156 el plazo mínimo para la presentación de ofertas en los procedimientos urgentes y de regulación armonizada no debe ser inferior a 15 días, a computar desde la fecha del envío del anuncio de licitación, mientras que la obligación de ofrecer acceso a los pliegos y demás documentación es desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación, de tal manera que es legal y posible que puedan estar los pliegos a disposición de los licitadores por un plazo inferior a 15 días en los procedimiento de licitación declarados urgentes y de regulación armonizada, por el transcurso del tiempo desde el envío del anuncio hasta su publicación. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 2 de diciembre de 2019

TARC Andalucía 260/2019. Solicitud de aclaración de oferta por la mesa o el órgano de contratación: posibilidad discrecional vs obligación legal. La solicitud de aclaraciones a las ofertas no es una obligación impuesta a la mesa o al órgano de contratación, sino una posibilidad que tienen cuando entienden que una oferta requiere aclaraciones suplementarias o que se han de corregir errores materiales en la redacción de la misma; no estando obligados a solicitar aclaración si, a su juicio, la oferta es lo suficientemente clara y precisa, pues de admitir las eventuales aclaraciones puede resultar una modificación de la proposición. Descargar resumen download

OARC Euskadi 57/2019. Efectos de la falta de publicación de las aclaraciones solicitadas sobre los pliegos: perjuicio para todos los licitadores, excepto para el que solicitó la aclaración. Las respuestas dadas a la solicitud de aclaración deben ser consideradas parte de los pliegos a todos los efectos. Cuando no se publican las aclaraciones solicitadas pueden perjudicar al resto de licitadores que no han tenido conocimiento de las mismas y que desconocen el sentido en el que las interpreta el poder adjudicador, pero nunca al licitador que solicito la aclaración, ya que estas son conocidas únicamente por él y por consiguiente tiene conocimiento íntegro y cabal de las estipulaciones. Descargar resumen download

OARC Euskadi 65/2019. Modificación de los pliegos, mediante aclaración, tras la publicación del anuncio de licitación: infracción del principio de transparencia. Efectuar por la vía de la aclaración una modificación de las bases de la licitación supone una infracción del principio de transparencia, que implica que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes, puedan comprender su alcance exacto e interpretarlas de la misma forma. Los artículos 122.1 y 124 de la LCSP exigen que las modificaciones de los pliegos posteriores a su aprobación, por razones diferentes al mero error material, de hecho o aritmético, conlleven la retroacción de actuaciones, que trasladado al supuesto que nos ocupa supone la aprobación de los nuevos pliegos, su publicación en el perfil de contratante y, de forma anterior o simultánea a ésta, la publicación del anuncio en el DOUE. Descargar resumen download

OARC Euskadi 92/2019. Los requisitos para que las aclaraciones alcancen un carácter vinculante y generen confianza legitima en los licitadores son: se trate de meras aclaraciones, no alteren o modifiquen los PCAP, se publiquen en el perfil y no hayan sido recurridas. Las aclaraciones a los pliegos tienen carácter vinculante para los participantes en el procedimiento de adjudicación y para el poder adjudicador, cuando cumple los siguientes requisitos: 1. La información publicada por el poder adjudicador es una mera aclaración, pues se limita a esclarecer las dudas manifestadas por un concreto licitador, sin introducir alteración o modificación alguna a la información contenida en el PCAP. 2. Es un documento adicional que fija los términos del procedimiento de adjudicación, por lo que entra dentro de la amplia definición de “pliego de contratación” efectuada en el artículo 2.1.13) de la Directiva 2014/24/UE, que comprende todo documento elaborado o mencionado por el poder adjudicador para describir o determinar los elementos de la contratación o el procedimiento. 3. La respuesta facilitada a la consulta efectuada por un licitador se ha publicado en el perfil de contratante, para general conocimiento del consultante y los potenciales licitadores, en el plazo establecido en el art. 138.3 de la LCSP y ha generado en ellos una confianza legítima en que la actuación del órgano de contratación a lo largo del procedimiento de adjudicación se ajustará a lo manifestado. 4. Esta información no ha sido recurrida en tiempo y forma, por lo que su contenido rige la licitación, vinculando al poder adjudicador y a los operadores económicos que participan en ella. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 29 de noviembre de 2019

RTACRC 207/2019. Establecimiento de puntuaciones mínimas referentes a la evaluación técnica de las ofertas: licitación por fases vs adjudicación directa. La LCSP permite que los poderes adjudicadores impongan en el pliego de condiciones de un procedimiento abierto unos requisitos mínimos en lo referente a la evaluación técnica, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de esa evaluación quedan excluidas de las fases sucesivas de adjudicación del contrato, y ello con independencia del número de licitadores restantes. En su caso, el mantenimiento de uno solo de los licitadores es un efecto de la exclusión de los restantes, sin que se produzca la adjudica directa del contrato.Descargar resumen download

TARC Andalucía 191/2019. Supuestos para aplicar la obligación de superar en la puntuación de los criterios subjetivos unos umbrales mínimos: aplicación únicamente cuando la licitación se ha configurado por fases. El artículo 146.3 de la LCSP, ante la posibilidad de fijar fases en la licitación que deban ir superándose por las distintas ofertas presentadas, prevé la obligación de un umbral mínimo del 50% de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos. No obstante, estos pueden ser tanto criterios sujetos a juicio de valor como de evaluación automática, por lo que no procede aplicar obligatoriamente el umbral mínimo del 50 % en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor para que puedan ser valorados los criterios de evaluación automática, ya que ello frustraría el espíritu del precepto que está orientado para establecer un umbral mínimo para poder pasar de una fase a la sucesiva, solo cuando la licitación se ha configurado por fases. Descargar resumen download

TACP Madrid 86/2019. La configuración de criterios de calidad superiores al 51 por ciento: la posibilidad de su formación mediante la suma de los criterios valorables en cifras y los criterios sujetos a juicio de valor. Evaluar los criterios cualitativos mediante juicio de valor o a través de cifras o porcentajes no desvirtúa que se refieran a criterios de calidad, aunque a estos efectos, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 146.2 de la LCSP, siempre que sea posible, cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se dará preponderancia en su determinación a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 27 de noviembre de 2019

RTACRC 299/2019. Determinación de la cifra global de negocios de una persona física que obtiene rendimientos de una comunidad de bienes: rendimiento neto atribuido a efectos de IRPF vs porcentajes de la cifra de negocios de la comunidad de bienes. Cuando el licitador participa en la licitación a título personal (dado que las comunidades de bienes no disponen de personalidad jurídica), no resulta adecuado emplear el rendimiento neto atribuido en la declaración de IRPF para acreditar la solvencia económica, dado que la cifra que se utiliza para cuantificar la solvencia es la cifra total de negocios, no el resultado neto –la diferencia resultante de las ganancias y las pérdidas. Siendo así, debe computarse como solvencia económica la cifra de negocios de la comunidad de bienes, en su porcentaje de titularidad, y no solo el resultado neto de su declaración de IRPF.Descargar resumen download

TACP Aragón 64/2019. Recurso especial frente a los pliegos y frente a la posterior adjudicación de un contrato: admisión del recurso frente a la adjudicación, a pesar de que los pliegos están recurridos en vía judicial (solución avalada en la Sentencia de 12 de mayo de 2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón). Dado el carácter potestativo para el recurrente, tanto de la acumulación, como de la ampliación del recurso en vía judicial (art. 34 y 36 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) imponerle a aquel el deber de instar la acumulación o la ampliación del contencioso-administrativo, vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva dado que su ejercicio se configura como un derecho procesal, pero no como una obligación. En todo caso, se deben inadmitir por el Tribunal Administrativo todas aquellas cuestiones acerca de la conformidad a derecho de los pliegos, al concurrir para ellas la situación de litispendencia, habiendo de pronunciarse sobre las demás. Descargar resumen download

TACP Madrid 89/2019. Efectos de la anulación de la adjudicación de un contrato cuando el mismo se ha formalizado sin esperar el plazo legal para ello: revocación del contrato formalizado y su liquidación. La formalización del contrato sin respetar el plazo legal hace perder el efecto útil del recurso especial, al haber formalizado un contrato fruto de una adjudicación que es anulado por el Tribunal Contractual, sin que a estos efectos, las limitaciones presupuestarias esgrimidas por el órgano de contratación sean justificativas de la inobservancia de las normas recogidas en la LCSP. El efecto de la anulación de la adjudicación deber ser la anulación del contrato formalizado y su liquidación.Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 6/2019. Resolución del contrato por causa imputable al contratista, efectos respecto de la garantía definitiva: incautación vs devolución. En aquellos supuestos en que, a pesar de la posible existencia de un incumplimiento culpable del contrato por parte de contratista, no hubiera sido declarada en forma su responsabilidad por la Administración, acordando la resolución del contrato, no procederá la incautación de la garantía definitiva y sí la devolución de la misma. Descargar resumen download


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