Actualizaciones CSP


* VIDEO y DOCUMENTACIÓN DE LA SESIÓN ONLINE COVID-19: Indemnización por Suspensión de Contratos del Sector Publico.. Acceder a los contenidos de la sesión Covid-19 download

OIRESCON. GUÍA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA TRAS EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS. Descargar la Guía OIRESCON download

* Abogacía del Estado Informe 28 de mayo de 2020. Reanudación (regla general) o reinicio (cuando una norma con rango de ley lo prevea) del cómputo de plazos a la vista del RD 537/2020 (COVID-19). La reanudación (o, excepcionalmente, el reinicio) del cómputo de los plazos administrativos suspendidos durante el estado de alarma tendrá lugar “con efectos desde el 1 de junio de 2020”, y no desde la finalización del estado de alarma. Se aprecia fundamento jurídico suficiente para sostener que, en la reanudación de plazos suspendidos, los días que resten en un plazo señalado en meses se han de contar como días hábiles. Descargar informe download

* El Sello de Inclusión Social como criterio social de desempate en la contratación pública (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital). Acceder al Real Decreto-Ley 20/2020 download

STS de fecha 21 de febrero de 2020 (632). Liquidación del contrato y reclamación de intereses: la aceptación de la liquidación no impide reclamar los intereses que se devengan por ley. Los preceptos relativos al cumplimiento y a la extinción de los contratos, no se desprende que la aceptación de la liquidación del contrato suponga la renuncia del contratista al derecho a reclamar los intereses de demora que, ciertamente, se devengan por ministerio de la Ley en cuanto se produce el retraso en el pago de las certificaciones de obra. La aceptación de la liquidación sin hacer reserva o salvedad alguna respecto de esos intereses no le impide reclamarlos porque no han prescrito, fijando el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria el plazo de prescripción. Descargar resumen download

RTACRC 254/2020. Competencia para resolver los recursos interpuestos frente a los actos de la FEMP (PANAP): al ostentar una participación igual varias Administraciones, resolverá el recurso el órgano que elija el recurrente de entre los que resulten competentes. La FEMP no constituye una entidad del sector público estatal, constituye un poder adjudicador no Administración Pública (PANAP), de los previstos en el art. 3.3.c de la LCSP, como asociación constituida por entidades que integran la Administración Local. De conformidad con el artículo 45 LCP, dado que la entidad contratante está vinculada con más de una Administración y todas o varias de ellas ostenta una participación igual, el órgano competente para resolver el recurso será aquel que elija el recurrente de entre los que resulten competentes. Descargar resumen download

TCP Canarias 57/2020. Interposición del recurso especial en materia de contratación: presentación en papel vs presentación vía electrónica. La interposición del recurso especial ha de hacerse por vía electrónica, siendo solo admisible la tramitación en soporte papel del procedimiento, para aquellos supuestos en que los interesados justifiquen ante el Tribunal su imposibilidad de acceso a la tramitación electrónica del mismo. El incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia la inadmisión del recurso, derivada del principio de seguridad jurídica, pues en caso contrario se defraudaría la confianza legítima de los terceros, convencidos de la regularidad del procedimiento de recurso especial. Son normas de orden público que tienen por objeto aplicar el principio de seguridad jurídica, regulando y limitando en el tiempo y en la forma la facultad de impugnar los actos derivados de un procedimiento de licitación. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 6 de julio de 2020

STJUE Sentencia de fecha 26 de marzo 2020 C-344/18. Transmisión de empresas a varios cesionarios y transferencia de los derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo: transferencia a cada cesionario en proporción a las funciones vs resolución de la relación laboral. En el supuesto de una transmisión de empresa que implique a varios cesionarios, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que los derechos y obligaciones derivados de un contrato de trabajo se transfieren a cada uno de los cesionarios en proporción a las funciones desempeñadas por el trabajador de que se trate, siempre que la división del contrato de trabajo resultante de esta operación sea posible y no suponga un deterioro de las condiciones de trabajo ni afecte al mantenimiento de los derechos de los trabajadores garantizados por esta Directiva, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En el supuesto de que tal división resulte imposible o atente contra los derechos de ese trabajador, se considerará, en virtud del artículo 4 de dicha Directiva, que la resolución de la relación laboral que pueda seguirle es imputable al cesionario o a los cesionarios, aunque se haya producido a instancia del trabajador. Descargar resumen download

RTACRC 237/2020. La acreditación de la condición de Centro Especial de Empleo de iniciativa social: tiempo (al momento de presentación de las ofertas, al ser un requisito de aptitud) y modo (inscripción en un registro público, es requisito constitutivo). El requisito se predica del licitador como tal, es decir es un elemento esencial atinente a su naturaleza y configuración jurídica, por lo que constituye un requisito previo para concurrir a la licitación de los previstos en el artículo 140 de la LCSP que deben concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato, como los demás requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar. El acto administrativo de calificación o inscripción en el Registro tiene carácter constitutivo, a los efectos de conferir la condición de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, según el Reglamento de los Centros Especiales de Empleo definido en el artículo 42 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido, aprobado por Real Decreto 2273/1985, de 4 de diciembre, vigente tras la promulgación del TRLGDPD. Descargar resumen download

RTACRC 440/2020. Acreditación de la condición de centro especial de empleo de iniciativa social y del compromiso de reinversión íntegra de los beneficios: compromiso que debe figurar en los estatutos o ser elevado a escritura pública antes de la finalización del plazo de presentación de proposiciones. Tendrán la consideración de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social aquellos que, cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1.º y 2.º del 43 del RDecreto Legislativo 1/2013, son promovidos y participados en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos y siempre que en todos los casos en sus Estatutos o en acuerdo social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios. El compromiso de reinversión, en caso de que no conste en la escritura social o en sus estatutos, es necesario que sea adoptado mediante un acuerdo que conste o que se documente en escritura pública, requisito que permite acreditar de manera fehaciente la fecha del compromiso, cosa que no hace la certificación que ha sido aportada. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 3 de julio de 2020

TARC Andalucía 69/2020. Forma de acreditar la suscripción de un seguro de responsabilidad civil para el cumplimiento de la solvencia económica y financiera: insuficiencia de una declaración responsable del licitador de comprometerse a suscribirlo en caso de resultar adjudicatario. La aportación de una declaración responsable, aun cuando se acompañe de una proposición de seguro, no permite constatar la disposición del correspondiente seguro de responsabilidad profesional a la finalización del plazo de presentación de proposiciones, al objeto de acreditar el cumplimiento del requisito de solvencia económica en dicho momento, más aun cuando el documento aportado consiste en una propuesta de seguro y la propia licitadora pone de manifiesto con ocasión de la declaración responsable presentada que aún no lo ha contratado. Descargar resumen download

TCP Canarias 51/2020. Criterio adjudicación por el que se valora una “bolsa de horas gratuitas”: calidad de la oferta y onerosidad del servicio. Los criterios de adjudicación, concretamente aquel por el que se valora una “bolsa de horas gratuitas”, se articulan para garantizar la máxima calidad posible del servicio licitado, no para satisfacer la necesidad que pretende cubrirse mediante el contrato. La onerosidad de un contrato no quiebra por la inclusión del criterio, ya que ésta reside en la existencia de precio cierto a cambio de un servicio, sin que el hecho de poder ofertar alguna hora gratis implique que todo el servicio sea gratuito. En la configuración del criterio, se deberán determinar perfectamente los límites al número de horas que puedan ofertarse. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 13/2020. Inscripción en el registro de licitadores provincial a efectos de participar en el procedimiento simplificado: el artículo 159.4 de la LCSP no permite acudir a registro diferentes del de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la Comunidad Autónoma correspondiente. Del literal del artículo 159.4 LCSP se deduce que la exigencia a los licitadores de un procedimiento abierto simplificado de estar inscritos en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas se predica respecto de los Registros previstos en la LCSP en sus artículos 337 y siguientes, es decir, exclusivamente del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 96, del Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma. No procede, por tanto, acudir a estos efectos a otros posibles Registros de Licitadores, como lo que pudieran crear las Diputaciones Provinciales. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 1 de julio de 2020

TARC Andalucía 60/2020. Oferta que no indica los lotes a los que participa, que en el DEUC manifiesta su participación en el lote 1, pero presenta ofertas para cuatro lotes: admisión de las ofertas al considerarse un error material que no las altera y puede deducirse claramente la voluntad del licitador de su contenido. Un excesivo formalismo que conduzca a la no admisión de proposiciones por simples defectos formales, sin relevancia práctica como en el presente caso, es contrario al principio de la libre concurrencia, así como que por el principio de proporcionalidad los actos de los poderes adjudicadores no deben rebasar los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos perseguidos, y en definitiva, la incorrección en la proposición del licitador ha de ser calificada como un error material o de carácter puramente formal, pues no altera la oferta al poderse deducir claramente del contenido de la misma cual era su voluntad. Descargar resumen download

TCP Canarias 49/2020. Aceptación de la justificación de la viabilidad de las ofertas anormalmente bajas: motivación “in aliunde” y aceptación expresa por el órgano de contratación a propuesta de la mesa de contratación. La justificación de las ofertas anormalmente bajas no tiene que ser exhaustiva, sino que debe prever de argumentos que permita al órgano de contratación llegar a la convicción de su viabilidad y de que ésta se puede llevar a cabo en los términos propuestos. Se admite la motivación “in aliunde” del acto de aceptación de la oferta, el cual debe ser realizado de forma expresa por el órgano de contratación, correspondiendo a la mesa de contratación, únicamente, realizar la propuesta motivada. Descargar resumen download

TCCSP 125/2020. Tipificación de un Contrato de eficiencia energética como concesión de servicios: riesgo operacional vs riesgo de suministro. El TCCSP, después de recordar que el rasgo característico del contrato de concesión de servicios radica en la transferencia al concesionario del riesgo operacional, y que el riesgo de suministro es, en particular, el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda -es decir, hace referencia propiamente a situaciones de falta de suministro del servicio-, afirma que la configuración de la transferencia del riesgo en función al ahorro energético que pueda conseguir el concesionario, es un riesgo que dependerá del propio contratista, y que el esquema del pago por objetivos o por rendimientos por sí solo, no conlleva la transferencia del riesgo operacional al contratista. Descargar resumen download


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