Actualizaciones CSP


Borrador de REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. Por el que se da respuesta a la necesidad de abordar una reforma estructural que modernice los procedimientos de ejecución presupuestaria, flexibilice los mecanismos de planificación, permita un buen seguimiento y una auditoría eficiente y única de los proyectos, tenga una aproximación plurianual coherente con la naturaleza de los proyectos de inversión, contemple el desarrollo de proyectos de carácter transnacional o de interés europeo y prevea nuevos mecanismos, como los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) para favorecer la colaboración público-privada en el ámbito de la ejecución de políticas públicas. Descargar RDLey download

RTACRC 585/2020. Prestación que incluye asesoramiento y orientación jurídica en el contexto de la mediación: mediación vs asistencia jurídica gratuita del colegio de abogados. La prestación debe entenderse referida al ámbito propio y limitado de la mediación, que nada tiene que ver con el servicio de orientación jurídica para la prestación de la justicia gratuita que corresponde por ley los Colegios de Abogados. No se prevé un asesoramiento jurídico en el marco de la asistencia jurídica gratuita, sino un asesoramiento en general e información jurídica en el contexto de la mediación. Descargar resumen download

TCP Canarias 117/2020. El calendario de días inhábiles aplicable a la licitación electrónica + Limitaciones a la posibilidad de aclarar una subsanación.

I. El calendario de días inhábiles aplicable a la licitación electrónica: calendario común vs calendario de la sede electrónica del registro del órgano de contratación. El calendario de días hábiles aplicables no es el común del procedimiento administrativo, sino el que determina para los supuestos de procedimientos electrónicos la propia Ley 39/2015, es decir el calendario de la sede electrónica del registro del órgano de contratación. El calendario de días inhábiles fijado por la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en su respectivo ámbito, es el que reflejará los días que se considerarán inhábiles, siendo dicho calendario el único que se aplicará a efectos de cómputo de plazos en los registros electrónicos. Descargar resumen download

II. Limitaciones a la posibilidad de aclarar una subsanación: posibilidad de aclaración, pero no subsanación de la subsanación. La aclaración de la subsanación puede tener sentido tras la subsanación, pero sólo en el caso de que constituya una comprobación o aclaración de algún extremo de la documentación que plantea dudas a la mesa de contratación, no para acreditar requisitos de aptitud, capacidad, prohibiciones de contratación y solvencia que antes no estaban en conocimiento de la mesa. Descargar resumen download

CCCA Andalucía 14/2019. La necesidad de una actuación inmediata que habilita la tramitación de emergencia: régimen excepcional que debe interpretarse de forma restrictiva. Podrá acudirse a la tramitación de emergencia cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, debiendo interpretarse de forma restrictiva las circunstancias habilitantes. Las actuaciones de mejora/adecuaciones/reformas que deben acometerse a instancias de sanidad, independientemente de si las mismas pudieron ser previstas o no, tendrían difícil encaje en el artículo 120 LCSP. Descargar resumen download

Boletín del lunes, 23 de noviembre de 2020

RTACRC 583/2020. Requisitos para la determinación del precio de mercado por aplicación de los convenios colectivos en los contratos de servicios + Requisitos para que resulte exigible el desglose de costes directos e indirectos en el presupuesto de licitación de los contratos de servicios.

I. Requisitos para la determinación del precio de mercado por aplicación de los convenios colectivos en los contratos de servicios: necesidad de que el coste principal sea el laboral, corresponda a los trabajadores empleados en la ejecución y puestos a disposición de la administración. La adecuación del precio del contrato para al efectivo cumplimiento del mismo, como exige el artículo 102.3, párrafo segundo, de la LCSP, mediante la consideración de los términos de los convenios sectoriales nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios, es que se trate de servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales y además que ese coste económico sea el de los trabajadores empleados en la ejecución del contrato, porque la ejecución de la prestación se efectúe por trabajadores empleados y puestos a disposición para ello, lo que excluye los contratos en que la prestación se realiza para otros terceros en general, de forma que el uso por la Administración contratante es uno más. Descargar resumen download

II. Requisitos para que resulte exigible el desglose de costes directos e indirectos en el presupuesto de licitación de los contratos de servicios: los costes salariales deben forman parte del precio y este se debe fijar en unidades de trabajo y tiempo. La obligación de desglose de costes directos e indirectos requiere que los costes salariales formen parte del precio al fijarse éste, se fije por unidades de trabajo y tiempo, tales como precio por trabajador/día o mes o años o por horas o por bolsas adicionales de horas, o por trabajos extraordinarios, o por días laborables o festivos, lo que acontece cuando la prestación objeto del contrato se establece a favor directamente de la Administración. Descargar resumen download

CCCLM 74/2020. Naturaleza administrativa de los contratos relativos a bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo: contratos privados vs contratos administrativos especiales. Inclinación generalizada de la doctrina a considerar esa categoría de contratos patrimoniales finalistas como contratos administrativos especiales. Descargar resumen download

CJACM 203/2020. Normativa aplicable a la interpretación de los contratos: fondo del asunto (momento de adjudicación) interpretación (momento de inicio) + Cumplimiento de las exigencias de índole procedimental y plazo de caducidad: aplicabilidad del artículo 21.3 de la Ley de procedimiento (3 meses).

I. Normativa aplicable a la interpretación de los contratos: fondo del asunto (momento de adjudicación) interpretación (momento de inicio). La normativa aplicable en cuento al fondo del asunto será la vigente en el momento de la adjudicación, mientras que la aplicable al procedimiento de interpretación será la vigente en el momento de su inicio. Descargar resumen download

II. Cumplimiento de las exigencias de índole procedimental y plazo de caducidad: aplicabilidad del artículo 21.3 de la Ley de procedimiento (3 meses). La Administración no puede adoptar sin más una resolución para la interpretación del contrato, sino que ha de hacerlo observando de un modo riguroso las exigencias de índole procedimental que resulten aplicables (audiencia al contratista, infome del órgano consultivo, Secretaria/Asesoría e Intervención). El plazo de caducidad es el de tres meses previsto con carácter general en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21.3 de la LPAC, al no haber disposición específica relativa al procedimiento de interpretación del contrato. Descargar resumen download

Boletín del viernes, 20 de noviembre de 2020

RTACRC 633/2020. Límites a la anulación, que no revisión, de las valoraciones técnicas de las propuestas (discrecionalidad) por los Tribunales de recursos contractuales: solo en caso de errores, arbitrariedad o defectos procedimentales y de competencia. En las materias en que la Administración encarga a un Órgano “ad hoc”, formado por técnicos competentes, la valoración, estrictamente técnica, de una propuesta o de un proyecto no cabe entrar a discutir la validez, estrictamente técnica, del dictamen técnico que emitan tales expertos, sino, tan sólo, los aspectos jurídicos por los que se rige la emisión de tal dictamen. Sólo en aquellos casos en que la valoración deriva del error, la arbitrariedad o el defecto procedimental caber entrar, no tanto en su revisión, cuanto en su anulación -seguida de una orden de práctica de una nueva valoración de conformidad con los términos de la resolución que la acuerde. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 14/2020. La programación de la contratación del artículo 28.4 LCSP como medida para evitar el fraccionamiento del objeto de los contratos + Los requisitos para el empleo del procedimiento de urgencia + Aplicación del régimen jurídico de los acuerdos marco a las empresas públicas.

I. La programación de la contratación del artículo 28.4 LCSP como medida para evitar el fraccionamiento del objeto de los contratos. La programación exige el análisis de los contratos que se van a realizar en cada periodo de tiempo, lo que indudablemente presupone el conocimiento de que el órgano de contratación va a tener una necesidad mantenida en el tiempo de una determinada prestación por un periodo de tiempo superior a un año. Por tanto, si el órgano de contratación cumple con su obligación de planificar adecuadamente su actividad contractual, es patente que la realización de prestaciones idénticas en ejercicios sucesivos ha de ser conocida con carácter previo, lo que puede llevar a concluir que en este caso no se está reaccionando ante necesidades sobrevenidas, desconocidas o novedosas, sino que, por el contrario, se estaría planteando la utilización del contrato menor en fraude de ley. Descargar resumen download

II. Los requisitos para el empleo del procedimiento de urgencia: la debida motivación de la necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. La Junta Consultiva considera que una necesidad inaplazable está constituida por una o varias circunstancias, normalmente de índole temporal, que afectan al contrato público en cuestión y que determinan que, si no se emplease la tramitación de urgencia, el contrato no podría adjudicarse o desplegar adecuadamente sus efectos. La declaración de urgencia que exige la Ley ha de ser realizada por el órgano competente para contratar y estar debidamente motivada y en relación con la motivación exige que se trate de una situación urgente objetivamente evaluable y no apreciada de modo subjetivo por el órgano de contratación, de modo que responda la urgencia a razones de interés público que se acrediten de modo razonable y con criterios de lógica o que se demuestre la necesidad inaplazable de tramitar el procedimiento con la urgencia que requiera, para que de ese modo no se altere de modo injustificado el procedimiento ordinario de contratación que la Ley prevé como garantía del interés público. Descargar resumen download

III. Aplicación del régimen jurídico de los acuerdos marco a las empresas públicas: posibilidad de emplearse por los poderes adjudicadores que no son administración pública (PANAP). Una interpretación sistemática de todos los preceptos referentes a la racionalización técnica de la contratación, realizada de modo conjunto con los que aluden a los contratos de los poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administración Pública y, dentro de estos últimos, del artículo 319.1, párrafo 1º LCSP, nos pueden ayudar a interpretar que los poderes adjudicadores que no ostenten la condición de Administración Pública se encuentran habilitados para hacer uso de los acuerdos marco. Descargar resumen download

Boletín del miércoles, 18 de noviembre de 2020

RTACRC 532/2020. Régimen de subsanación de la documentación requerida al propuesto adjudicatario (artículo 150 LCSP): subsanación de la documentación no presentada. Ante la no aportación en el plazo conferido conforme al artículo 150.2 de la LCSP, de la documentación acreditativa de contarse con los medios que se ha comprometido el licitador a adscribir al contrato, debe dirigírsele un requerimiento de subsanación. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 25/2020. Significado de la expresión “fraude” a que alude el artículo 71.1 a) de la LCSP como causa de prohibición de contratar: falsedad documental. La única respuesta que resulta posible ofrecer sin exceder el ámbito competencial es que el fraude a que alude la LCSP y el DEUC incluye las falsedades documentales relacionadas directamente con la comisión de los delitos tipificados en los artículos 305.3, 306 y 308 del Código Penal. Descargar resumen download

JCCA Aragón 3/2020. Modificaciones contractuales en contratos de tracto sucesivo prorrogados: el cálculo de porcentaje de la alteración ha de llevarse a cabo sobre el precio de adjudicación del contrato inicial o primitivo y no sobre el prorrogado. En la modificación de un contrato de servicios de tracto sucesivo que pueda plantearse cuando se encuentra prorrogado por un plazo inferior al de su duración inicial, el cálculo de porcentaje de la alteración ha de llevarse a cabo sobre el precio de adjudicación del contrato inicial o primitivo y no sobre el prorrogado. Descargar resumen download

CJACM 140/2020. Modificaciones no previstas en el PCAP por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento que tuvo lugar la licitación, regulada en el artículo 205.1.b) LCSP: calificación de la modificación del contrato sobrevenida por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La modificación del contrato se fundamentaría en una situación imprevisible, excepcional y de extrema gravedad ocasionada por el COVID-19 y su incidencia en el agravamiento del riesgo sanitario/asistencial, teniendo encaje en el artículo 205.1.b) Ley 9/2017 que corresponde a la modificación del contrato no prevista en los pliegos por circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación. Los efectos de la pandemia exceden, por su dimensión y transcendencia económica, de los riesgos que encajan en el principio básico de la contratación de “riesgo y ventura” y justifican la modulación de los efectos del contrato mediante su modificación. Descargar resumen download


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