Actualizaciones CSP

8 Años e Infinitas respuestas

Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura.

La Ley cuenta con siete disposiciones finales y la primera de ellas recoge una serie de modificaciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, encaminadas a mejorar la calidad de la arquitectura promovida por el sector público.

Dichas modificaciones, según el preámbulo de la Ley, buscan agilizar la tramitación de determinados contratos complementarios, como son los contratos menores de dirección de obra, facilitar la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la dirección de la obra como medida para garantizar la coordinación y continuidad entre la fase de redacción y la de ejecución, y concretar algunos condicionantes cuya existencia podrá tomar en consideración el órgano de contratación a efectos de estimar la especial complejidad de los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo.

Además, a través de la disposición final segunda se modifica del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo con carácter excepcional la contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras cuando el contrato se vaya a financiar con fondos procedentes del PRTR.

El equipo jurídico del Proyecto CSP está analizando las modificaciones operadas por esta Ley para valorar si procede adaptar La Fábrica de Pliegos, a cuyo efecto se emitirá el correspondiente informe que haremos llegar a los usuarios de La Fábrica.Ir a Ley

Orden HFP/333/2022, de 7 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.Ir a la Orden

* NOTA INFORMATIVA de la JCCPEº sobre los efectos de la recomendación de 24 de septiembre de 2018 de la junta consultiva de contratación pública del estado a los órganos de contratación, en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público.

Como consecuencia de la modificación normativa operada en el artículo 159 LCSP, por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en su Disposición final vigésima novena, la Recomendación de 24 de septiembre de 2018, de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, a los órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la Ley 9/2018 de 8 de noviembre de contratos del sector público, queda obsoleta y por tanto sin efecto, dado que se refiere a un marco normativo que ha quedado derogado. Ir a la Nota Informativa

* Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

A través de su articulado se introducen medidas que afectan, directa o indirectamente, a la contratación pública. Ir a la Ley 7/2022

* Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

A través de su disposición final trigésima primera se modifica el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A través de su disposición final trigésima séptima se modifica el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

Ir al RD-Ley 6/2022

Orden HFP/238/2022, de 23 de marzo, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el tercer trimestre de 2021, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas.Ir a la Orden

Semana 25 - Presentación de proposiciones: subsanación, rechazo y retirada de las oferta.

RTACRC 1052/2021. Efectos del IVA u otros tributos equivalentes en la valoración de las ofertas: se deben valorar sin tener en cuenta este tipo de tributos cuando concurran licitadores sujetos con otros exentos. Las ofertas económicas se valoran sin tener en cuenta el IVA aplicable, como no puede ser de otra forma, pues precisamente es la única manera de tratar con igualdad o de forma homogénea las ofertas de las empresas que estén exentas de IVA con las que no lo estén. Descargar resumen download

RTACRC 1202/2021. Efectos de la falta de acreditación de la solvencia de los lotes a los que un licitador es propuesto adjudicatario: se entiende que el licitador ha retirado su oferta, sin que pueda optar por uno o varios lotes a los que sí acredita solvencia. La licitadora propuesta como adjudicataria debería haber aportado la solvencia técnica requerida para los tres lotes para los que había sido propuesta. No habiéndolo hecho, corresponde aplicar lo dispuesto por el artículo 150.2 de la LCSP, y no dar opción a la referida licitadora a que opte por uno o varios de los lotes para los que, si pueda acreditar solvencia, opción esta no contemplada en la LCSP. Descargar resumen download

RTACRC 1211/2021. Efectos de añadir en la oferta un link a contenidos que completan la misma: rechazo de la oferta dado que no guarda el deber de secreto y no se garantiza la inmodificabilidad del contenido alojado en la web. La oferta técnica presentada por el recurrente no guarda el deber de secreto que, legal y reglamentariamente, se le exige, puesto que, con la remisión de parte del contenido a un sitio web al que se accede mediante un link, ni toda la documentación de la oferta se halla en un sobre cerrado, ni queda garantizado que su contenido sea secreto para el órgano de contratación durante la tramitación del proceso hasta la apertura del sobre correspondiente. Obsérvese que no se afirma que el acceso al contenido que ofrece el link sea reservado y exclusivo para el órgano de contratación, ni siquiera que esté protegido con claves de usuario que solo se activarían en el momento en el que se proceda a la apertura del sobre correspondiente. Todo ello sin olvidar que no consta que se haya establecido un sistema que garantice la inmodificabilidad del contenido alojado en la web, no solo al tiempo de accederse al mismo por el órgano de contratación cuando se abre la oferta técnica, sino incluso en un momento posterior si se tuviera que revisar ya la Mesa de Contratación, por el Tribunal, o por un órgano judicial. Descargar resumen download

RTACRC 1905/2021. Efectos del incumplimiento del plazo máximo (requerimiento de subsanación) para presentación de la documentación obligatoria cuando solo queda un licitador: se tiene por retirada la oferta por incumplimiento del plazo conferido. Aunque es cierto que, en este caso, no existían otros recurrentes pues los otros dos licitadores habían quedado excluidos en momentos anteriores, otorgar al recurrente un plazo distinto del establecido en el requerimiento supone igualmente una quiebra del principio de igualdad de trato y no discriminación entre los candidatos, máxime cuando no hay causa justificada para no atender el requerimiento en plazo. Se considera que la resolución de tener por retirada la oferta ante el incumplimiento de plazo de subsanación por el propuesto como adjudicatario, de conformidad con el artículo 150.2 de la ley, está justificada y, es conforme a derecho. Descargar resumen download

RTACRC 15/2022. Efectos de la retirada de la oferta como consecuencia de un incremento de costes de los productos: inaplicación de la cláusula rebus sic stantibus en fase de preparación y adjudicación e incautación de la garantía y aplicación de prohibición de contratar. No es aplicable en la fase de preparación y adjudicación del contrato, la cláusula rebus sic stantibus por la mayor onerosidad del contrato, cuando las propias empresas fueron las que presentaron las citadas ofertas económicas que les vinculan jurídicamente. De lo contrario, se produciría una grave disfunción del procedimiento de adjudicación si una empresa, tras presentar la oferta económica, y siendo adjudicataria del contrato, alegara contra sus propios actos que las prestaciones son excesivamente onerosas y la retirara. La retirada injustificada de las ofertas supone la aplicación de la incautación de la garantía y la aplicación de la prohibición de contratar del artículo 71.2 LCSP. Descargar resumen download

TARC Andalucía 370/2021. Las actuaciones sucesivas para la constitución de la garantía definitiva a efectos de su subsanación: de constitución de la garantía (acto sustantivo y fundamental) y de justificación ante el órgano de contratación (acto formal y susceptible de subsanación). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 150.2 y 108.1.b) de la LCSP, la garantía mediante aval requiere dos actuaciones sucesivas: una, sustantiva y fundamental, de constitución de la garantía, consistente en la prestación y suscripción del aval por alguna persona de la entidad financiera con poder bastante para otorgarlo, y otra, formal, de justificación ante el órgano de contratación de la constitución de dicha garantía y de su depósito o en el establecimiento de la Administración competente para ello. La retirada injustificada de la oferta se limita a los incumplimientos totales de determinadas obligaciones, admitiendo la posibilidad de subsanar los defectos u omisiones en la cumplimentación del requerimiento en determinados supuestos haciendo prevalecer el derecho de la empresa propuesta como adjudicataria. Descargar resumen download

TARC Andalucía 485/2021. Efectos de la existencia de discrepancia entre lo declarado en el DEUC y la documentación acreditativa de los requisitos previos aportada (integración de solvencia con medios de terceros): causa de exclusión de la oferta de la recurrente. El DEUC tienen como fin reducir la documentación a presentar por los licitadores y, consiguientemente, la labor de calificación de la misma por las mesas, al objeto de facilitar y agilizar la tramitación de los procedimientos. La discrepancia observada entre lo declarado en el DEUC y la documentación acreditativa de los requisitos previos aportada constituye causa de exclusión de la oferta de la recurrente, puesto que además de afectar a la capacidad de la recurrente para ser adjudicataria del contrato, la documentación previa a la adjudicación debe acreditar lo ya declarado en el DEUC, de modo que si en el mismo la recurrente declaró reunir el requisito de solvencia económica sin recurrir a la capacidad de otras empresas, tras ser propuesta adjudicataria sólo cabe acreditar la solvencia económica por sus propios medios. Descargar resumen download

Semana 24 - Elección y aplicación de los criterios de adjudicación en el PCAP, vinculación con el objeto del contrato y necesidad de justificación en el expediente.

STS de fecha 9 de diciembre de 2021. La utilización de un criterio de cercanía (territorialidad) en los contratos de recogida de residuos: posibilidad habilitada por el principio de proximidad recogido en la normativa europea y nacional. La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre residuos, regula los criterios y principios que han de regir el tratamiento de residuos. El artículo 16 de la Directiva vigente establece como principios relevantes a la hora de proceder a la gestión de residuos los de autosuficiencia y proximidad. En el derecho interno, la Ley estatal 22/2011 de 28 de julio de residuos recoge en su artículo 9, en aplicación del derecho de la Unión Europea, los principios de autosuficiencia y proximidad en idénticos términos a los contemplados en la Directiva. La utilización de un criterio de baremación en un proceso de adjudicación contractual de servicios de recogida, transporte y eliminación de desechos hospitalarios que puntúa, y por lo tanto prima, la cercanía de una instalación respecto del lugar donde se genera el residuo, no puede considerarse contrario al derecho comunitario. Antes, al contrario, queda amparado por el principio de proximidad recogido en la normativa de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en la normativa nacional, sin que se aprecie vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Descargar resumen download

RTACRC 1314/2021. Aplicación de los criterios valorables por cifras o porcentajes cuando se exige que las ofertas se acompañen de documentación no valorable: actuación de comprobación acrítica de si la documentación presentada se adecúa a las exigencias del Pliego, sin exigir requisitos que no aparecen contenidos en aquéllos, ni realizar juicio técnico alguno. La valoración efectuada por el informe técnico se antoja más propia de criterios sujetos a juicios de valor que a criterios evaluables automáticamente, en los cuales la valoración debe limitarse, por imperativo legal, a comprobar “si los programas o estudios presentados, si es que se incluyen en las ofertas, merecen el calificativo de tales”. Se impone que el órgano de contratación se limite, en esta nueva calificación, a comprobar acríticamente si la documentación presentada por los licitadores se adecúa o no a las exigencias del Pliego, sin exigir requisitos que no aparecen contenidos en aquéllos ni realizar juicio técnico alguno y que, en su caso, se proceda a una nueva clasificación de las ofertas. Descargar resumen download

RTACRC 1440/2021. Aplicación de criterios de desempate, computo de plantilla a efectos de desempate: trabajadores con relación laboral por cuenta ajena (voluntariedad, remuneración, ajeneidad y dependencia, con independencia de la modalidad contractual), no debe incluirse los trabajadores por cuenta propia o autónomos. La normativa que regula el cómputo de plantilla a los efectos que nos ocupan sólo incluye a los trabajadores con relación laboral contractual por cuenta ajena, resultando inadecuada la extensión al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, por encontrarnos en ámbitos distintos y con regímenes jurídicos diferenciados. Para el cálculo del promedio de plantilla es indiferente la modalidad de contrato que regule la relación laboral del trabajador con la empresa. De esta manera, se tendrán en cuenta tanto los trabajadores que formen parte de la plantilla fija de la empresa como los contratos con carácter temporal, siempre que se trate de personas empleadas en los términos previstos por la legislación laboral. Descargar resumen download

RTACRC 1967/2021. Improcedencia de emplear los planes de igualdad como criterio de adjudicación: no permiten valorar la mayor eficiencia o calidad del servicio, ni están vinculados al objeto del contrato y supondría valorar un aspecto de responsabilidad social corporativa. Las medidas de igualdad entre mujeres y hombres y de conciliación de la vida familiar y laboral no permiten valorar la mayor eficiencia o calidad del servicio comparando las distintas ofertas, ni se consideran vinculados con el objeto del contrato. Además, los Planes de Igualdad son obligatorios para algunas empresas, en función del número de trabajadores, por lo que para ellas no podrían ser objeto de valoración, al ser una exigencia legal. Para las no obligadas a elaborar dichos planes, resultaría discriminatorio, y supondría valorar un aspecto de responsabilidad social corporativa, vedado por la Directiva 2014/24/UE. Descargar resumen download

RTACRC 80/2022. Valoración de los criterios de adjudicación automáticos: no cabe discrecionalidad técnica o de otra clase, su aplicación solo debe exigir una actuación meramente mecánica. En la valoración de los criterios automáticos no cabe discrecionalidad alguna por parte de la Administración, ni técnica ni de ninguna otra clase, debiendo limitarse la mesa de contratación a aplicar los criterios automáticos sin ningún margen de apreciación técnica o juicio de valor”. Consecuentemente, la conformación de los criterios de valoración automáticos debe plantearse en términos tales que exijan para su aplicación una actuación meramente mecánica (ya sea la incorporación de los valores de la oferta a la fórmula establecida, o la constatación de que la oferta cumple o no cumple el criterio). Descargar resumen download

RTACRC 82/2022. Efectos de la incorporación de información estandarizada, logotipos, nombre comercial y referencias ISO en el papel utilizado por el licitador cuando son criterios de adjudicación: no forman parte de la oferta ni pueden prevalecer frente a ésta o frente a la documentación aportada a la licitación. La posible revelación de parte de la oferta no es tal, al figurar dentro de la publicidad de la empresa. La oferta es un acto singular y ajustado a los parámetros de la licitación que se presenta y que, como tal, se firma y asume por los representantes de la licitadora. Con ello, la información estandarizada, logotipos, nombre comercial que figuren en el papel utilizado por el licitador ni forman parte de la oferta ni, lo que es más importante, pueden prevalecer frente a ésta o frente a la documentación aportada a la licitación. Descargar resumen download

OARC Euskadi 27/2022. Improcedencia del criterio de adjudicación que valora que el licitador tenga el reconocimiento de entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres: no se justifica vinculación con el objeto del contrato. No caben criterios de adjudicación basados en la política general de responsabilidad corporativa de la empresa dado que no se refiere al proceso específico de prestación del servicio contratado. No se justifica su relación con el objeto del contrato, sino que valora una característica general de la política de igualdad de la empresa, referida a un aspecto de la organización del licitador, no de su oferta en cualquier etapa de su ciclo de vida. En particular, el reconocimiento oficial o las medidas implantadas por el licitador en el seno de su organización en el ámbito sociolaboral a favor de la igualdad de mujeres y hombres no contribuye a la identificación de la proposición más ventajosa en tanto que no se refiere al proceso específico de prestación del servicio demandado. Descargar resumen download

Semana 23 - La solvencia como requisito de aptitud, particular referencia a las UTES: incidencias en la composición y objeto social.

STJUE de fecha 7 septiembre de 2021. Asunto C-927/19. Acreditación de la solvencia en el ámbito al que se refiere el contrato por una empresa a través de contratos públicos ejecutados por UTEs: solo puede invocar los ingresos percibidos por la UTE si ha contribuido efectivamente a realizar la actividad de esa UTE. Cuando el poder adjudicador haya exigido que los operadores económicos tengan un determinado volumen de negocios mínimo en el ámbito al que se refiera el contrato público de que se trate, un operador económico solo puede, a efectos de aportar la prueba de su solvencia económica y financiera, invocar los ingresos percibidos por una unión temporal de empresas a la que haya pertenecido si ha contribuido efectivamente, en el marco de un contrato público determinado, a realizar una actividad de esa unión temporal de empresas análoga a la que es objeto del contrato público respecto del cual el citado operador pretende demostrar su solvencia económica y financiera. Descargar resumen download

STS de fecha 25 de marzo de 2022. La proporcionalidad de criterios de solvencia en el caso del suministro de energías renovables: no procede exigir retrospectivamente para el año anterior que toda su energía sea de origen 100% renovable, al penalizarse a empresas con capacidad para cumplir con la exigencia de proporcionar toda la electricidad necesaria de origen 100% renovable. La exigencia de que una empresa haya comercializado el año anterior toda su energía de origen 100% renovable es adecuada para asegurar que podrá cumplir con las necesidades eléctricas municipales previstas con ese tipo de energía en los dos años siguientes, pero excluye de forma injustificada y desproporcionada a otras muchas que, teniendo esa capacidad, o incluso superior, hayan comercializado el año anterior también energía de fuentes no renovables. Esta exigencia desproporcionada supone la exclusión injustificada de una licitación a empresas que están en condiciones técnicas de cumplir con las exigencias de un contrato público ha de reputarse contrario a los artículos 5.2 y 9.1 y 2.c) de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Descargar resumen download

RTACRC 933/2021. Efectos de la ampliación del objeto social de una UTE ya constituida con ocasión de la adjudicación de un nuevo contrato + Validez de aval otorgado a las empresas que integran la UTE con anterioridad a la ampliación de su objeto social para poder asumir el contrato adjudicado.

I. Efectos de la ampliación del objeto social de una UTE ya constituida con ocasión de la adjudicación de un nuevo contrato: no se aprecia vulneración del artículo 69 LCSP, dado que debe otorgarse la escritura cuando se haya adjudicado el contrato. No se aprecia vulneración alguna del artículo 69 de la LCSP por el hecho de que la UTE adjudicataria existiese antes de concurrir a la licitación, y, atendiendo el requerimiento efectuado por el órgano de contratación, aportase escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales por la que se procede a la adecuación del objeto de la UTE preexistente a la nueva concesión del servicio objeto de la licitación. Descargar resumen download

II. Validez de aval otorgado a las empresas que integran la UTE con anterioridad a la ampliación de su objeto social para poder asumir el contrato adjudicado: se admite y estima suficiente si se amplía el objeto social. Se admite y estima suficiente el aval otorgado a favor de las empresas de la UTE que válidamente existía antes de la adjudicación y ha de considerarse válidamente adjudicataria, al haber ampliado su objeto para asumir el contrato adjudicado. Descargar resumen download

RTACRC 148/2022. Consecuencias jurídicas de la modificación en la composición de los integrantes de una UTE (supuesto diferente a la alteración de la participación) antes de la formalización: exclusión de todas las entidades que hayan concurrido en UTE, incluso aunque resulte de la aplicación de una de las prohibiciones para contratar. La modificación sustancial en la composición de los integrantes de una UTE durante el procedimiento de licitación, hasta la formalización del contrato, conlleva la exclusión de todas las entidades que hayan concurrido al procedimiento con el compromiso de constituirse en UTE o con esta ya constituida. En ese supuesto de hecho se incurrirá cuando se incremente o se reduzca el número de entidades; también cuando uno o varias de ellas sean sustituidas por otra u otras. Por el contrario, no procederá la exclusión cuando se altere la participación y ello con independencia del alcance de la misma. Descargar resumen download

JCCA Aragón 1/2022. Concesión del servicio público de transporte de viajeros por carretera. I) Legislación sectorial especial y supletoriedad LCSP. II) Forma jurídica del adjudicatario y justificación de la solvencia económica y técnica exigida. I) A los contratos de concesión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general por carretera resulta de aplicación en primer lugar el Reglamento (CE) n.º 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera, Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres como legislación sectorial y especial; y supletoriamente se aplicará la LCSP y su normativa de desarrollo. II) Varias empresas pueden presentar una proposición de forma conjunta a la licitación y, en caso de resultar adjudicatarias del contrato, hay una obligación expresa establecida por la legislación sectorial aplicable de contar con personalidad jurídica propia e independiente de aquellas que la integran, con la consecuencia de que, si no se cumple este requisito, no se obtendrá la autorización habilitante para la prestación del servicio. La aplicación supletoria de la LCSP en materia de solvencia sólo resulta posible si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 80.2 del ROTT, es decir, cada una de las condiciones de solvencia técnica y profesional exigidas en los pliegos, deberá ser cumplida al menos por una de las empresas que participan en la proposición conjunta. Descargar resumen download

Semana 22 - El precio como elemento esencial del contrato: incidencias contractuales en fase de ejecución, especial referencia a la contratación mediante Acuerdos Marco y al actual incremento del precio de las materias primas.

RTACRC 213/2022. El tratamiento del IVA en el cálculo del presupuesto base de licitación: se añade a las magnitudes para cuantificar el PBL, no se detrae. El IVA ha de aplicarse sobre los costes, gastos y beneficio, siendo el resultado de la operación el Presupuesto Base de Licitación. Es decir, el IVA calculado se añade, no se detrae, para cuantificar el PBL. Descargar resumen download

RTACRC 259/2022. Previsión en los pliegos de modificación de los precios del acuerdo marco adaptándolos a los precios y condiciones con que concurran en el mercado si mejoran los de adjudicación, siempre que las circunstancias de la oferta sean similares + Posibilidad de incorporar precios nuevos en los acuerdos marco (AM).

I. Previsión en los pliegos de modificación de los precios del acuerdo marco adaptándolos a los precios y condiciones con que concurran en el mercado si mejoran los de adjudicación, siempre que las circunstancias de la oferta sean similares: posibilidad habilitada por su condición de acuerdo marco. El acuerdo marco es una modalidad de adquisición centralizada de bienes, que se configura como una técnica de racionalización de la contratación, por lo que se le pueden aplicar sus disposiciones. Además, el artículo 193.5 del RGLCAAPP, regula la “obligación de los adjudicatarios de aplicar a los bienes durante la vigencia del contrato de adopción del tipo, los precios y condiciones con que concurran en el mercado, si mejoran los de adjudicación”, y no hay que olvidar que el contrato de adopción de tipo es el antecedente directo del acuerdo marco, por lo que su regulación puede hacerse extensiva a éste. La modificación del acuerdo marco, modificación que podrá tener por objeto los precios o los bienes adjudicados, está sujeta a la concurrencia de razones de interés público. En el caso concreto de la modificación de los precios unitarios, será necesario, además: (i) que los precios unitarios resultantes de esa modificación se encuentren por debajo del 20% de los precios anteriores a la misma; y, (ii) que tales precios no sean superiores a los que las empresas participantes ofrezcan en el mercado. Descargar resumen download

II. Posibilidad de incorporar precios nuevos en los acuerdos marco (AM): régimen general para todos los contratos (el 204 no permite establecer nuevos precios unitarios) vs régimen especial de los AM (el 222 admite para los AM que puedan existir modificaciones de los precios unitarios originarios). Si bien el artículo 204.1 de la LCSP exige que toda cláusula de modificación no pueda “suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato”, no obstante, dentro del régimen especial de modificación del acuerdo marco, el artículo 222.1.2º sí admite que puedan existir modificaciones de los precios unitarios originarios, pero sólo cuando se den las condiciones previstas en el precepto. Se está así ante una excepción al régimen general, necesaria por la especificidad que presenta el funcionamiento del acuerdo marco y que permite este tipo de modificación, del mismo modo que también cabe la modificación del acuerdo marco mediante la sustitución de los bienes adjudicados por otros, siempre que mejoren las prestaciones de los adjudicados. Descargar resumen download

RTACRC 261/2022. El margen de discrecionalidad en la tramitación de contratos basados en un acuerdo marco: en la definición de la prestación, en la elección de los criterios de adjudicación y para acudir a la segunda licitación. Los acuerdos marco constituyen un sistema de racionalización de la contratación, articulándose en dos fases: una primera en la que se elegirán uno o varios licitadores y se definirán los elementos esenciales del contrato y una segunda fase donde se concretarán definitivamente las prestaciones a contratar y se elige el adjudicatario. Los criterios a utilizar en la adjudicación deben estar determinados previamente en el AM, pero el órgano de contratación dispone de un cierto margen de discrecionalidad para poder elegir de entre los recogidos en él, aquellos que sean más adecuados y atribuirles la ponderación que mejor se acomode a las necesidades a satisfacer. Y tal margen de discrecionalidad ha de operar, igualmente, para acudir a esa nueva licitación ex artículo 221.4.b) de la LCSP en cuyo caso, dándose los requisitos recogidos en dicho precepto. Descargar resumen download

RTACRC 436/2022. El restablecimiento del equilibrio económico del contrato, a través de su modificación, por efecto de la excepcional situación en que se encuentra el mercado: no resulta posible, dado que sería claramente una revisión de precios encubierta, que supondría una alteración de las condiciones del contrato que afectaría a dos elementos fundamentales del mismo, como son el presupuesto y el valor estimado. Sin necesidad de entrar a analizar si la evolución en los precios de fabricación del papel era o no previsible, la modificación no estaría justificada, por afectar a un elemento esencial del contrato, como es el precio. Lo que regula el artículo 205 LCSP, son modificaciones de las prestaciones que tiene que llevar a cabo el contratista para la Administración y no otra cosa, sin que quepa incluir en este concepto el precio o coste de determinada actuación o prestación. Desde el punto de vista material una modificación que afectase al precio de los contratos sería claramente una revisión de precios encubierta. Además, supondría una alteración de las condiciones del contrato que afectaría a dos elementos fundamentales del mismo, que han sido definidos en la fase de preparación como son el presupuesto y el valor estimado. Descargar resumen download

TARCCYL 182/2021. Presupuesto base de licitación y valor estimado: nulidad del PCAP y retroacción de las actuaciones por incumplimiento de la obligación de que los pliegos o el expediente de contratación motiven la forma en la que se han calculado. Es determinante de nulidad el incumplimiento de la obligación de que los pliegos o el expediente de contratación motiven la forma en la que se ha calculado el presupuesto base de licitación y, por consiguiente, el valor estimado; obligación que obedece a una doble finalidad, por un lado, la eficiencia en la gestión de los fondos públicos, de ahí la obligación de que el órgano de contratación deba analizar los costes de los componentes de la prestación y, por otra parte, mediante la obligación de transparencia consistente en que tanto el desglose de los costes como el cálculo del valor estimado figuren en el PCAP o en el documento regulador de la licitación; se persigue que todos los potenciales licitadores se hallen en un plano de igualdad al preparar sus ofertas al disponer todos ellos de la misma información. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 27/2022. El carácter básico de la legislación estatal sobre revisión de precios (RDLey 3/2022) + La revisión excepcional de precios como legislación básica estatal de carácter dispositivo + Aplicabilidad de la revisión de precios extraordinaria del RDLey 3/2022 a las entidades locales.

I. El carácter básico de la legislación estatal sobre revisión de precios (RDLey 3/2022): queda excluido las prescripciones sobre la revisión en caso de demora y el pago del importe. Hay que partir del indudable carácter básico de la materia que trata principalmente el Real Decreto-ley 3/2022, esto es, de la revisión de precios en general. Únicamente quedarían excluidos de tal carácter básico las específicas prescripciones legales sobre revisión en casos de demora en la ejecución (artículo 104 de la LCSP) y sobre pago del importe de la revisión (105 LCSP). Descargar resumen download

II. La revisión excepcional de precios como legislación básica estatal de carácter dispositivo: las comunidades y ciudades autónomas pueden decidir su aplicación, pero si lo deciden deben respetar las prescripciones básicas del Estado. Partiendo de que la revisión de precios es una materia de carácter básico, el Estado puede regular un supuesto de revisión excepcional de precios por la concurrencia de circunstancias muy particulares y esta norma habrá de ser respetada por las Comunidades Autónomas. Se trata de una norma dispositiva que el efecto que produce es que las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla pueden decidir si aplican o no el sistema de revisión excepcional de precios diseñado por el legislador estatal. Si una Comunidad o ciudad autónoma decide aplicar un sistema de revisión excepcional de precios, habrá de respetar las prescripciones básicas del Estado. Descargar resumen download

III. Aplicabilidad de la revisión de precios extraordinaria del RDLey 3/2022 a las entidades locales: las Comunidades Autónomas tienen capacidad de decidir si aplican o no la revisión extraordinaria, pero las entidades locales no tienen capacidad de decisión, viéndose vinculadas por la decisión de su Comunidad autónoma. Las Comunidades Autónomas podrán decidir si aplican o no el régimen de revisión excepcional de precios que ha diseñado el legislador estatal, pero que las Corporaciones Locales no disponen de esa posibilidad de decisión autónoma. Las Comunidades Autónomas podrán adoptar disposiciones de desarrollo adecuadas de las normas estatales y, con ello, vincularán igualmente a las Corporaciones Locales de su propio ámbito de competencia. Por tanto, la decisión que adopte cada Comunidad Autónoma sobre la aplicación de la norma básica vincula a las Corporaciones Locales de su territorio. Descargar resumen download

CCCA Andalucía Informe 11/2021 de 24 de marzo de 2022. Ejecución de contratos e incremento del precio de las materias primas: limitaciones al empleo de otras medidas diferentes a las del RDLey 3/2022. Las estipulaciones de los contratos obligan a las partes a cumplir con el contenido de los mismos, y se rigen en su ejecución por el principio de riesgo y ventura. No parece que pueda predicarse que la actual tendencia alcista de los precios pueda considerarse un supuesto de fuerza mayor, que exoneraría del cumplimiento del principio de “riesgo y ventura, ni tampoco que puede incardinarse el actual incremento de precios en un supuesto de “factum principis”. No cabría como posibilidad acudir a la teoría del riesgo imprevisible para hacer frente a la subida de precios mediante actos de contenido indemnizatorio toda vez que mediante norma de rango legal (artículos 6 a 10 del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo) se ha regulado un mecanismo excepcional de revisión de precios orientado a subvenir la quiebra -por razones imprevisibles- del equilibrio económico del contrato. Descargar resumen download

Semana 21 - Prestaciones objeto del contrato, determinantes del tipo de procedimiento y régimen aplicable.

RTACRC 1300/2021. Consideración como prestaciones de carácter intelectual los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo: prestaciones intelectuales por decisión legislativa, lo son ex lege. La Disposición adicional cuadragésima primera de la LCSP prevé que: “Se reconoce la naturaleza de prestaciones de carácter intelectual a los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo, con los efectos que se derivan de las previsiones contenidas en esta Ley”. A la vista de lo anterior, pocas dudas pueden caber y pocos matices o interpretaciones resulta necesario hacer: son prestaciones de carácter intelectual los servicios de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo. Y lo son por decisión legislativa, lo son ex lege. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 38/2021. Empleo del procedimiento negociado en los contratos celebrados en el extranjero: aplicación del artículo 168.a en relación con la DA 1ª LCSP. Si la Disposición adicional 1ª de la LCSP permite la utilización del procedimiento negociado sin publicidad para licitar los contratos celebrados en el extranjero y este tipo de tramitación está específicamente prevista para los contratos declarados secretos o reservados, no puede caber ninguna duda de que en un supuesto como el que se plantea es posible emplear el procedimiento negociado sin publicidad del artículo 168 a) 3º de la LCSP. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 63/2021. Preparación y adjudicación de los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público a favor de personas físicas: interpretación restrictiva, no incluye profesionales ni empresarios, si bien también resulta aplicable a las actividades docentes dirigidas a los ciudadanos. La exclusión de la aplicación de las disposiciones de la ley relativas a la preparación y adjudicación a los contratos que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, debe interpretarse restringida por un lado, a los casos en que se contrate a personas naturales o físicas que no sean empresarios o profesionales, y por otro, a los supuestos en que la persona física contratada no se dedique profesionalmente a estas actividades docentes, sino que lo haga de modo personal y con carácter ocasional. El artículo 310 de la LCSP resulta también aplicable a las actividades docentes dirigidas a los ciudadanos en general, incluidos los cursos de formación ocupacional de que sean destinatarios. Descargar resumen download

JCCAMEH Informe 80/2021. Límites a la excepción del umbral ordinario de los contratos menores que contiene la Disposición adicional 54ª de la LCSP (ciencia, tecnología e innovación): no alcanza a los servicios generales (necesarios para la gestión) y de infraestructura del órgano de contratación (aquellas que, estando relacionadas genéricamente, no están directamente vinculadas al proyecto de investigación). La excepción al umbral ordinario de los contratos menores que contiene la DA 54ª LCSP no alcanza a los que la propia norma denomina servicios generales y de infraestructura del órgano de contratación. El concepto de servicios generales por el que se nos cuestiona hace referencia a aquellas actividades que requieren para su realización de la celebración de un contrato de servicios, que no son exclusivas de un agente del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación sino que, por el contrario, también son propias de cualquier otra entidad pública, porque son comunes y necesarias para la gestión de cualquiera de ellas y también las que estando relacionadas de modo genérico con la actividad investigadora, no están directa y exclusivamente vinculadas a un proyecto de investigación. Descargar resumen download

CC Andalucía Dictamen 631/2021. Procedimiento de responsabilidad contractual vs responsabilidad patrimonial extracontractual: derecho del contratista a obtener la contraprestación procedente de los servicios prestados y, eventualmente, el resarcimiento por perjuicios que se le hayan ocasionado. La contraprestación y el resarcimiento de los perjuicicios ocasionados al contratista, que ha garantizado la continuidad de la prestación (vencido el contrato) hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, al amparo del TRLCSP (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)- no tiene encaje dentro de la prórroga forzosa, dado que dicha norma no prevé esta posibilidad, a diferencia de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (art. 29.4, último inciso); En tal supuesto según dictamina el Órgano Consultivo, se estaría ante un procedimiento de responsabilidad contractual y no de responsabilidad patrimonial extracontractual, en la que la Administración se extralimita en el ejercicio de las prerrogativas que legalmente tiene reconocidas, por razón del interés público y para garantizar la continuidad del servicio (fijada unilateralmente y de manera obligatoria). Descargar resumen download

CC Andalucía Dictamen 653/2021. Modificación no prevista en el PCAP de un contrato formalizado bajo la vigencia del TRLCSP: resulta viable jurídicamente si se cumplen los requisitos del artículo 72.1.c) de la Directiva 2014/24/UE. El contrato se formalizó el 6 de febrero de 2018, habiéndose iniciado el procedimiento de modificación del contrato sometido a dictamen el 13 de mayo de 2021, de manera que las causas de modificación se rigen por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. El procedimiento se ha iniciado bajo la vigencia de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por lo que se somete a ésta, así como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre), en cuanto no se oponga a dicho texto legal. La aplicación ratione temporis de dicha normativa resulta confirmada por la disposición transitoria primera, apartado 2, de dicha LCSP. Además, “Serán de aplicación los principios y normas establecidas en la Directiva 2014/24/UE por su efecto directo una vez vencido el plazo de transposición” y siempre que: i) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un poder adjudicador diligente no hubiera podido prever,ii) que la modificación no altere la naturaleza global del contrato, iii) que el incremento del precio resultante de la modificación del contrato no exceda del 50% del valor del contrato o acuerdo marco inicial. Descargar resumen download

CC Andalucía Dictamen 704/2021. Efectos de la resolución de contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados: indemnización de oficio por el mero hecho de la resolución, sin que opere el plazo de prescripción del artículo 208.2.c) de la LCSP. El derecho a indemnización del 3% de la prestación dejada de realizar (previsto en el art. 213 LCSP) por la causa de resolución prevista en la letra g) del artículo 211 LCSP, esto es, por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, debe reconocerse al contratista por el mero hecho de la resolución del contrato y como un efecto de la misma, sin que tenga que solicitarla el contratista en un procedimiento de responsabilidad patrimonial y sin que opere lo previsto en el artículo 208.2.c) de la LCSP para justificar el plazo de prescripción para reclamar, de un año pues no es el caso. Descargar resumen download

Comunicación de la UE | Adquisiciones sociales: una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas (2.ª edición)

Para promover el uso de la contratación pública como herramienta para alcanzar objetivos de política social, la Comisión publicó una guía práctica para los compradores públicos.

La guía tiene por objeto concienciar a los compradores públicos de los posibles beneficios de la CPSR y explicar de manera práctica las oportunidades que ofrece el marco jurídico de la UE, incorporando sugerencias y ejemplos concretos que abarcan todo el proceso de contratación pública.

Acceder a la Guía UE sobre aspectos sociales en la contratación pública

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Sesión informativa La Fábrica de Pliegos (Next Generation + Reserva de contratos + Clasificación en caso de UTEs)